No todo vale

En días de campaña electoral se hace uso de la descalificación, la frivolidad y del aquívaletodo para desprestigiar al contrario. Y se usan para ello multitud de asuntos, entre otros el urbanismo y su genial argumento, que emerge de las plumas más ásperas y sibilinas de los estrategas políticos.

Lo preocupante es que el análisis que el ciudadano realiza de la confrontación política, judicial y social por los casos de corrupción denunciados durante los últimos años en España, y sobre todo en Andalucía, le ha llevado a alcanzar la conclusión de que el urbanismo es una actividad básicamente corrupta y enfrentada directamente con la protección del medio ambiente. Algunos de esos sonados casos se basan, sin duda, en informes objetivos y de necesaria denuncia ante los tribunales, para lograr una sociedad justa y sana. Pero otros muchos casos, denunciados por colectivos con voz pero sin datos aunque con intereses, y fundamentados en simples sospechas o veladas apariencias de ilegalidad, se han demostrado como inexistentes.

El urbanismo español está sujeto a controles muy estrictos, mucho más que la mayoría de las actividades con similar componente económico. Y no sólo eso, sino que además constituye una disciplina extraordinariamente compleja. El hecho de que determinados interlocutores sin conocimiento de causa sigan frivolizando sobre este tema o trastoquen la realidad, ha provocado consecuencias nefastas sobre la imagen de personas, ciudades y municipios, y muy negativos efectos para otros sectores como la construcción, la industria, el comercio o el turismo, suficientemente vapuleados por la crisis económica.

La eliminación total de los casos de corrupción es imprescindible, evitando también la actividad especulativa de las Administraciones locales y regionales, redefiniendo sus sistemas de financiación, agilizando la tramitación de los procesos de transformación del suelo y favoreciendo la participación de toda la comunidad en los beneficios que resulten de la gestión.

También se debe reflexionar sobre la paralización que ya conlleva esta situación de denuncia permanente como instrumento de lucha política, pues los profesionales o entidades encargadas de intervenir en la redacción y control del procedimiento urbanístico se niegan a proponer o a informar, a decidir o a comprometerse por temor a ser tachados de corruptos, impidiendo así el desarrollo normal de una actividad que es estratégica para el crecimiento económico de nuestras ciudades.

Puedes leer este y otros artículos en El Correo de Andalucía

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